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En la mañana de un día de enero de este año 2006, un profesional y profesor universitario de criminalística, circulaba en su camioneta por una comuna del sector sur de Santiago, portando una serie de artículos que utiliza en sus clases, incluyendo un chaleco negro, con una leyenda en su parte posterior que dice “perito criminalístico”. Para acortar el camino hacia su casa, tomó una calle secundaria aledaña a una conflictiva población de Santiago, siendo interceptado por Carabineros de Chile que controlaban el ingreso a ella. La revisión de sus documentos de identificación y, probablemente, la presencia del chaleco, parecido a los que utilizan otros funcionarios policiales, se tradujeron en un fuerte altercado entre los funcionarios y el profesor, que terminó siendo conducido a una comisaría. Allí, se le registraron todas sus pertenencias, señalándosele que en su billetera se le había encontrado un papelillo de pasta base, de menos de un gramo, con envase, cuya propiedad fue negada tajantemente por el imputado. No obstante, algunas semanas después, el Ministerio Público presentó requerimiento de un juicio oral simplificado en su contra, como autor del delito de microtráfico, solicitando una pena de trescientos días de reclusión, más las accesorias legales. Luego, se llevó a cabo la audiencia preparatoria con la asistencia de una defensora pública. Ahora bien, la defensa del imputado consistió en desvirtuar una imputación injusta. Como primera estrategia se solicitaron una serie de diligencias de investigación, las que se realizaron aprovechando que hubo cambio de fiscal, que consistieron en la recepción de declaraciones de un testigo de la defensa (oficial en retiro de carabineros), una nueva declaración del imputado, contraexamen de la muestra de la sustancia y declaraciones de carabineros aprehensores (aunque no se concretaron), todas las cuales permitieron concluir, un día antes de la fecha del juicio oral simplificado, que no existía sustancia prohibida. El Ministerio Público ese mismo día cambió su requerimiento, de juicio simplificado a procedimiento monitorio, imputando ahora solo la falta consistente en consumir una sustancia prohibida, sancionada con una pena de multa. Empero, poco antes de la audiencia, se hizo saber al fiscal que por este concepto, nuestro defendido no aceptaría ninguna sanción ni siquiera el pago de una multa, prefiriendo ir a juicio oral aun a riesgo de una pena más alta. Entonces, fuera de la sala, reexaminando una vez más la evidencia disponible, ante nuestras argumentaciones de último minuto, el fiscal aceptó cambiar nuevamente la imputación, excluyendo toda referencia a sustancias prohibidas, reduciendo la imputación a la falta contemplada en el art. 495 Nº 4 del Código Penal, esto es, falta de respeto a la autoridad pública, lo que sí parecía proporcionado a la conducta observada. Ya en la audiencia, enterado de este último cambio, el propio juez de garantía, pudo apreciar que el imputado había pasado en pocas semanas, de estar imputado por un delito de tanta significación social, pasando por una falta penal de mero consumo, para terminar acusado de una falta de otro orden, como es la de no respetar a la autoridad. Por eso, directamente le preguntó al fiscal si ofrecía alguna salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, con una condición que se hiciera cargo de las vicisitudes del acusado. La condición ofrecida y aceptada fue la del art. 238 letra g) del Código Procesal Penal, es decir, la de fijar un domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo, poniéndose término de esta forma a este proceso, a plena conformidad de todos las partes intervinientes. Kléber Monlezun Cunliffe Abogado < Volver a Notas de Interés Económico < Volver a Inicio < Deje su comentario en el blog |
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