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  • FALTA DE PREVISION DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ACTUAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ A RAÍZ DE LOS GRAVES DISTURBIOS CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIONES DEL 1º DE MAYO DE 2006 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

Con fecha de ayer, a raíz del Día Internacional del Trabajador, fuimos testigos a través de los medios de comunicación social, de una serie de incidentes que opacaron el espíritu y sentido del acto convocado por la CUT en Alameda Bernardo O'Higgins con calle Portugal en el centro de Santiago.

Así es, dichos desmanes violentos, constitutivos de ilícitos penales de la más variada especie que originaron destrozos y saqueos, tanto a la propiedad pública como privada, que importó millonarias pérdidas y  que por cierto la mayoría del país no comparte, eran previsibles.

En efecto, esos hechos delictuosos,  ciertamente previsibles, habrían importado que el Ministerio Público, dentro de sus funciones en políticas criminales, de manera anticipada y de conformidad con la ley, debidamente organizado con fiscales de turno ad-hoc, conjuntamente con Carabineros de Chile, en coordinación con un Juez de Garantía de turno especial, hubiesen tenido montado en tiempo real y en el terreno, todo un sistema de fijación del sitio del suceso para dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos punibles e individualizar a los partícipes de los mismos para ejercer de manera oportuna, eficiente y coordinadamente, la acción penal pública. Esto último, al parecer no fue así, porque en ninguna parte hemos leído ni oído comunicados oficiales de un trabajo policial y fiscal preventivo en este sentido.

Por el contrario, lo que se percibe, es una actitud meramente reactiva luego de producidos los hechos, lo que no es entendible, si se compara con aquellas investigaciones dirigidas planificadas por el Ministerio Público para desbaratar los carteles de la droga en determinados sectores de Santiago. En consecuencia y sin que ello importe avalar un estado policial represivo ni se autorice para pasar a llevar la garantía de la presunción de inocencia, se debiera exigir de las autoridades encargadas de investigar los hechos delictuosos; adoptar medidas oportunas y ajustadas a Derecho, asumiendo en definitiva su rol en base a las funciones y principios que orientan su actuación a objeto de que una vez por todas, aquellos actos meramente cívicos, se puedan realizar de manera ordenada, tranquila, segura y en familia conforme a un Estado de Derecho recuperando con ello, nuestras más nobles Tradiciones Republicanas.


Kléber Monlezun Cunliffe
Abogado


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