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Siempre se ha entendido en toda sociedad humana honorable, que el valor de la palabra empeñada, más allá de todo documento que la respalde, es garantía suficiente de que se va a cumplir en esos términos. Es más, es una cuestión de honor que denota la calidad humana de que quien promete algo, lo va a cumplir, lo va a respetar y más aún, que va a hacer todo de su parte para que ello efectivamente sea cumplido. En ese sentido fui formado y educado y precisamente, es lo mismo que trato de trasmitir y plasmar en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en los abogados de esta oficina y en general, en todas las actividades diarias y cotidianas en que me desenvuelvo. Asimismo, el derecho también ha recogido este principio de diferente forma y a través de distintas instituciones. Incluso más, en materias de derecho internacional, se llega a hablar incluso del honor y/u honorabilidad de las altas partes contratantes. Ahora bien, el motivo de esta reflexión, dice relación con que en varias oportunidades, sobre todo en este último tiempo, nuestros abogados defensores han advertido y representado, incluso en audiencias públicas ante los Juzgados de Garantía respectivos, que varios fiscales adjuntos, no estarían respetando la palabra y/o acuerdo convenido para optar a algún tipo de procedimiento y/o solución legal que reconoce el Código Procesal Penal vigente entre las partes intervinientes. Más aún, han aducido para justificarse, que son instrucciones de sus jefes y sobre esa base, no les ha quedado más que acatar. Es decir, a la falta del respeto o compromiso de la palabra o acuerdo empeñado, también se está agregando la falta de autonomía y capacidad de los fiscales adjuntos llamados a conducir y dirigir la investigación fiscal, quienes, sin forma de coacción alguna y en el ejercicio de sus facultades, son los únicos que pueden adoptar y resolver dentro de la gama de medidas que le otorga la ley procesal penal vigente, la mejor decisión del caso. En consecuencia, esta mala práctica, que no se debe agudizar en el tiempo, derechamente hay que terminarla de raíz, toda vez, que no la avalo ni la acepto, pues solamente denota que quien detenta el poder en el cargo, no así la autoridad que fluye del mismo, está ejerciendo una forma brutal de inhumanidad intelectual, que no se condice con un verdadero Estado de Derecho Democrático. En suma, hagamos un esfuerzo constructivo para hacer que las aguas vuelvan a sus cauces normales, tanto por parte de los fiscales como de los defensores, a objeto de que estos errores no se repitan más. De conseguir esto último, nuestra dignidad humana y profesional, conforme al rol que cada uno de nosotros debe desempeñar en el ejercicio de nuestra profesión, se traducirá en un sistema judicial más justo y transparente que es lo que la sociedad entera clama y que por cierto, que es lo que quiero también para las nuevas generaciones de chilenos, sus hijos y por cierto, que también para los míos. Kléber Monlezun Cunliffe Abogado < Volver a Notas de Interés Económico < Volver a Inicio < Deje su comentario en el blog |
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