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En los últimos días, hemos sido testigos del debate que suscita este tema en nuestro país. Más aún, hemos visto ataques despiadados de diferentes sectores y agentes políticos para buscar responsables acerca de este problema. Asimismo, se ataca con vehemencia el nuevo sistema de justicia procesal penal vigente conjuntamente con sus diferentes operadores que en él actúan como causantes de este mal, sin siquiera que los detractores de este, sepan cómo opera y cómo se estructura el mismo. Incluso más, por razones mediáticas, los medios de prensa recogen lo anterior y sobre esa base se continúa en la misma línea. En suma, en este aspecto particular de la vida nacional, se descalifica y se destruye un sistema sin que nadie en general diga las cosas por su nombre previa información y capacitación seria en el tema a fin de evitar incurrir y adoptar actitudes políticamente incorrectas. Cuestión esta última que derechamente no comparto, toda vez que las críticas y el debate nacional, siempre deben ser serias y con altitud de miras en función de un proyecto país. Ahora bien, la delincuencia efectivamente es un drama que nos afecta no sólo a nosotros como ciudadanos, sino que también a Chile como Estado de Derecho Democrático en cuanto a efecto visible y palpable, pero cuyas causas u orígenes son otras, múltiples y muy complejas. En igual sentido, el nuevo sistema procesal penal que actualmente rige en Chile, por cierto que es perfectible como cualquier obra humana, pero ello no quiere decir que no funcione o que ampare a la delincuencia. Asimismo, si de verdad hacemos un esfuerzo serio para educarnos cívicamente como una forma de expresión de gobierno, sabremos entonces qué plantear, qué exigir, ante quiénes, en qué momento y en definitiva, a quién responsabilizar por no haber actuado de manera oportuna y conforme al derecho vigente y de ese modo, reconocer y aceptar que lo que está en juego siempre en estos casos, es la dignidad humana de todos nosotros. En este contexto, valoro las palabras de la Defensora Nacional Subrogante, doña Paula Vial quien destaca que la regla general en nuestro Estado de Derecho conforme al principio de inocencia internacionalmente aceptado, es siempre la libertad y que sólo excepcionalmente se le puede limitar por causas justificadas. Por otra parte, los fiscales del Ministerio Público conjuntamente con sus organismos auxiliares más allá de las modificaciones legales que propugna el Fiscal Nacional don Guillermo Piedrabuena, son los obligados a probar los hechos y la participación de los imputados, proteger a las víctimas y a los testigos, recabar la evidencia probatoria, conducir y dirigir las investigaciones a fin de producir en su oportunidad dicha convicción en los jueces y si no lo consiguen, simplemente fallaron y sobre esa base, hay que exigirles que sean mejores y más eficientes. En cuanto a los jueces que por cierto también pueden equivocarse y muchas veces así ocurre, son libres de interpretar y aplicar las leyes ante los casos que conocen de manera inmediata, directa y en audiencias públicas a menos que estemos todos nosotros de acuerdo en que el sistema los debe amordazar. Esto último no lo quiero porque nunca me han gustado los Estados Policiales. En definitiva, de manera seria y sin mezquindades, escuchando a todos los actores, enfrentemos este problema desde una perspectiva global para poder dar soluciones integrales y no parches como al parecer es lo que se pretende en función de lo políticamente correcto y mediático. Kléber Monlezun Cunliffe Abogado < Volver a Notas de Interés Económico < Volver a Inicio < Deje su comentario en el blog |
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